La regulación de la Inteligencia Artificial (IA) es uno de los debates más candentes a nivel global. Mientras la Unión Europea avanza con su Ley de IA, en Estados Unidos la discusión se centra en quién tiene la autoridad para establecer las reglas: ¿el gobierno federal o cada estado?

Un borrador de orden ejecutiva, desarrollado por el equipo del expresidente Donald Trump, revela una postura clara y agresiva: el control debe ser centralizado. Este documento, obtenido por la revista WIRED, instruye al Departamento de Justicia de EE. UU. a demandar activamente a cualquier estado que intente aprobar sus propias leyes para regular la IA.

El Miedo al "Mosaico Regulatorio"

Para las grandes empresas tecnológicas, la idea de tener que cumplir con 50 conjuntos diferentes de normas estatales es una pesadilla logística y financiera. Este escenario, conocido como el "mosaico regulatorio", es la principal motivación detrás del borrador de Trump.

Imaginemos que una empresa como Google o Microsoft desarrolla un nuevo modelo de lenguaje grande (LLM, como el cerebro detrás de ChatGPT). Si California impone una regla estricta sobre la transparencia de los datos de entrenamiento, mientras que Texas adopta un enfoque mucho más laxo, la empresa tendría que crear versiones diferentes de su producto o, peor aún, restringir su despliegue solo a ciertos estados. Esto ralentiza la innovación y aumenta drásticamente los costos operativos.

El borrador de orden ejecutiva busca evitar esta fragmentación, argumentando que la IA es una tecnología que trasciende las fronteras estatales y requiere un marco regulatorio unificado a nivel federal. En esencia, la administración Trump, si se implementa, buscaría establecer una "preeminencia federal" en la regulación de la IA.

¿Cómo funcionaría la ofensiva legal?

La orden es inusualmente directa al señalar el mecanismo de aplicación. En lugar de simplemente emitir una guía, el borrador ordena al Departamento de Justicia que utilice todos los recursos legales disponibles para desafiar y anular las leyes estatales que regulen la IA. Esto significa que si un estado como Nueva York aprueba una ley de responsabilidad algorítmica, el gobierno federal podría iniciar un litigio para bloquearla.

Este enfoque legal es similar a las batallas que se han librado históricamente en áreas como las telecomunicaciones, donde la necesidad de una red nacional coherente a menudo ha llevado a la anulación de regulaciones locales.

Innovación vs. Protección del Consumidor

El debate se centra en un equilibrio delicado. Los defensores de la uniformidad federal (y de la industria tecnológica) sostienen que una regulación centralizada y posiblemente más ligera es crucial para mantener el liderazgo tecnológico de EE. UU. frente a China y Europa.

Por otro lado, los defensores de las leyes estatales argumentan que los estados son laboratorios de democracia y que las regulaciones locales pueden ser más rápidas y específicas para proteger a los ciudadanos de los riesgos inmediatos de la IA, como la discriminación algorítmica o el uso indebido de datos. Si el gobierno federal no actúa, la inacción dejaría a los consumidores desprotegidos.

Este borrador, aunque aún no es oficial, marca un punto de inflexión en la política tecnológica de EE. UU. y sugiere que, de ganar Trump, la batalla por el control regulatorio de la Inteligencia Artificial se trasladará directamente a los tribunales, con el objetivo de garantizar un único conjunto de reglas que beneficien la escalabilidad de la industria.